TIERRAS
Conflicto por tierras se agrava y ven escaso control de autoridades
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Conflicto
de tierras. | José Rocha |
Publicado el 04/07/2022 a las 0h08
Al respecto, la senadora de Creemos Centa Rek, quien es primera secretaria de la comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, explicó que, pese a tener leyes y normativas que prohíben los avasallamientos, “las autoridades del Gobierno no han generado políticas reales para proteger la propiedad privada, los parques y las reservas naturales”.
“Hay un estado de anomia, desconsideración y de la protección que el Estado debería brindar a la población. Se le está dando lugar a los interculturales y las milicias, conformadas por que hay una degradación de la democracia, y para conformar a estas huestes se los deja que invadan sin consideración”, dijo Rek.
Añadió: “En Santa Cruz, este conflicto es terrible en la parte de la Chiquitanía. Los parques, las reservas naturales están siendo avasallados y poco a poco perforados. También hay similares conflictos en Tarija, Chuquisaca y Cochabamba, donde se está dejando al ganado en una situación complicada. Es un problema general”.
Asimismo, indicó que los legisladores realizan constantes peticiones de informes e interpelaciones al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), pero reciben respuestas incompletas y con demora que al final son aprobadas por la bancada mayoritaria “por simple mayoría” en el parlamento.
Por su parte, el director de la fundación Tierra, Gonzalo Colque, señaló que existen conflictos por tierras en la comunidad de Guarayos, Las Londras; en la Chiquitanía, San Ignacio de Velasco, San Rafael de Velasco, San José de Chiquitos, donde existen comunidades fantasma; además, las comunidades de menonitas que están asentados en tierras fiscales de Beni y Santa Cruz, entre otros.
“Son muchas zonas las que tienen conflictos de avasallamiento. Las principales son en las zonas donde pretenden apropiarse y titular las tierras fiscales, que todavía quedan, a favor de medianos y grandes propiedades o como comunidades campesinas, en algunos casos”, dijo Colque.
“Hay gente que se organiza como comunidad campesina o interculturales y pide autorización de asentamiento en esas tierras, reivindicando su derecho a la dotación de tierras fiscales y también está los privados como ganaderos, empresarios, agropecuarios que también piden titulación de tierras a su nombre porque supuestamente tendrían posesión u ocupación de esas tierras y que tienen argumentos para demostrar que son propietarios antiguos de esas tierras”, añadió el director de la fundación Tierra.
Casos recientes
Algunos casos recientes son, por ejemplo, el que ocurrió en la comunidad de Tamiplaya Tolapampa del municipio de Sorata, en La Paz, donde hace una semana reportaron dos fallecidos y varios heridos tras un enfrentamiento entre dos sectores que se sienten propietarios de un territorio.
Otro hecho sangriento es el que ocurrió en la estancia La Estrella en Ascensión de Guarayos (Santa Cruz), en marzo de este año, donde un enfrentamiento armado entre pobladores y presuntos avasalladores dejó una persona fallecida y varios heridos.
Asimismo, el caso que se dio en el municipio de El Puente, también en la provincia Guarayos, pero en la propiedad de Las Londras, donde hace ocho meses se reportó el secuestro, torturas y vejámenes de 17 personas, entre ellas periodistas, policías y civiles.
También se puede citar lo que ocurre en Cochabamba, en los municipios de Cercado, Sacaba, Colcapirhua, Quillacollo, Tolata y Arbieto. Asimismo, en la Hacienda La Angostura, donde los avasalladores cerraron los canales de riego para evitar que se rieguen los cultivos. Esta acción también perjudica al ganado vacuno, que va reduciendo su producción lechera.
Se remarcan estos casos porque tuvieron connotación mediática, pero en todo el país hay más de medio millar de avasallamientos que día a día se agudizan más y generan enfrentamientos que dejan heridos y detenidos. Además, afectan los cultivos, el forraje y al ganado.
La Ley 477, contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, promulgada en diciembre de 2013 por el expresidente Evo Morales, obliga a “resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras”.
Además, incorporó al Código Penal los artículos 337 bis, 351 bis y 351 ter, los cuales sancionan los delitos de tráfico de tierras y avasallamiento con privación de libertad entre los tres y ocho años. Sin embargo, en casi 10 años de vigencia no existe procesos encaminados bajo esta norma.
“Por esa ley (477), hasta ahora nadie ha ido a la cárcel. Es una ley que se ha aprobado al calor del momento. No se ha desarrollado un procedimiento jurídico, no se ha denunciado o enjuiciado a gente, entonces ha quedado en letra muerta”, dijo Colque.
Razones
La analista María Teresa Zegada explicó que esta problemática se da por dos factores. El primero es la llegada de migrantes a zonas protegidas que se instalan e inician con sus actividades agrícolas e intentan, por la fuerza, legalizar esos predios.
El segundo, tal vez el más grave, como parte de los favores políticos que tiene el Gobierno con sectores denominados “interculturales”.
“Sectores que son parte del instrumento político sienten que tienen el derecho de tomar decisiones sobre tierras que no son de propiedad de ellos, pero están protegidos por el poder público. Han generado toda una gran escalada de invasión a territorios, peleas que incluso han tenido saldos muy lamentables”, dijo Zegada.
Para la coordinadora de la Centro de Planificación y Gestión (Ceplag-UMSS), Carmen Ledo, la Ley 247 es la que provoca todos estos avasallamientos que están devastando gran parte del “cinturón verde” que tiene el país para conservar las reservas.
Áreas comunitarias las más apetecidas
Para el representante del Colectivo Socioambiental (Cosac), Jaime Ponce, las tierras más apetecidas por estos grupos organizados de avasalladores son las áreas comunitarias.
“Las tierras más avasalladas, al margen de la propiedad privada que también es afectada como en la Angostura, son las tierras comunitarias, Ésas son las más apetecidas, las tierras que le pertenecen a la comunidad porque son de todos y no es de nadie. El INRA es el que tiene que encargarse de precautelar que esas tierras comunitarias no sean afectadas”, dijo Ponce.
Remarcó que, en muchos casos, algunos legisladores omiten hacer seguimiento a estos temas por su complicidad en los avasallamientos que se dan en diferentes sectores.
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FUENTE: LOS TIEMPOS lunes 04 de julio 2022. (Nota elaborada desde
radio Lachiwana FM 92.2)
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